Prevaricación contra el periodismo

Abril 14 11:02 2019

Por Patricio Quilhot P.

Hoy se ha conocido el que quizás podría ser el fallo judicial más emblemático sobre casos de derechos humanos. Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido un Recurso de Protección de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ordenando al Diario La Tercera rectificar y pedir disculpas por una información publicada…¡en el año 1973!…

Tan sorprendente resolución judicial, adoptada por la actual candidata a la Corte Suprema, la ministra Dobra Lusic, acompañada por el conocido persecutor de casos de derechos humanos, el ministro Leopoldo Llanos y por la abogada Carolina Coppo, ha causado estupor en la comunidad nacional, en especial en quienes practican la disciplina jurídica. El fallo dado a conocer por la corte establece que un periódico de amplia circulación nacional, como La Tercera, cometió actos ilegales y arbitrarios al publicar, hace ꟷni más ni menos queꟷ cuarenta y cinco años atrás, una noticia respecto a la muerte de dos posibles terroristas, acto que habría vulnerado sus garantías constitucionales, consagradas en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado de Chile.

La mirada de un simple ciudadano, sin tener la formación de abogado, basta para darse cuenta que algo anda mal en un fallo de esta naturaleza. Una sanción judicial asignada a un caso de este tipo, ocurrido hace casi medio siglo, ya sería suficiente como para llamar la atención por su extemporalidad. Pero lo que raya en lo increíble, es la conexión realizada para ligarlo con “delitos de lesa humanidad”, basados, como siempre, en un Estatuto de Roma que recién en 2009 entró en vigencia en Chile. ¿El propósito de ello?: evitar tener que aplicar la prescripción.

Los militares en retiro, pertenecientes a la generación maldita ꟷaquella que fue llamada a actuar por la misma sociedad que hoy les vuelve la espaldaꟷ conocen perfectamente bien el tortuoso camino adoptado para eludir la prescripción, negar la aplicación de una amnistía jamás derogada y aplicar con efecto inconstitucionalmente retroactivo el concepto de “lesa humanidad”. Lo que nunca se habría esperado es que ello fuese a llegar a un ámbito como el de este caso.

Es gracias a esta peculiar forma de aplicar la Justicia, el que – en esta oportunidad – podamos observar una clarísima demostración de los inescrutables alcances de la campaña vengadora de un sector de la sociedad chilena, identificado con una izquierda derrotada en el pasado y hoy gravemente dañada por su soberbia corrupta. Comprobamos que la falta de obstáculos y la pasividad de la derecha política, permiten y seguirán permitiendo que esta campaña disociadora siga interfiriendo con la vida en paz que todos los chilenos deseamos.

Mientras no haya una reacción eficaz en contra de estos hechos, nadie ni nada impedirá que se siga prevaricando, es decir, que se sigan aplicando las leyes en contra de su espíritu y de los principios jurídicos que les dieron origen. Pese a lo oscura de estas situaciones, da la impresión que la sociedad chilena comienza a perder su pasividad y que el momento en que se exija el juzgamiento de los delitos de prevaricación no debiera estar muy lejos.

No cabe duda que hay buenos jueces que ꟷaunque sea en la intimidadꟷ deben repudiar esta peculiar forma de administración de justicia, discordando de la labor cometida por malos jueces y ministros en visita, designados éstos últimos por un Auto Acordado de la Corte Suprema y no por la Ley, como establece la misma Constitución Política que hoy citan como referencia para condenar.

Si no se pone coto a esto, podremos ver en el futuro a jueces juzgando a los militares chilenos de la Guerra del Pacífico, por el “asesinato cometido por agentes del estado” en contra de los soldados peruanos, durante la toma del Morro de Arica. O, a alguno más osado que el resto, permitiéndose considerar que la muerte de Lautaro y sus guerreros, en la ribera del Río Mataquito, fue un “genocidio”, cometido por razones de raza…lo que ꟷal tenor de lo que sucede en La Araucaníaꟷ quizás se encuentre más cerca de ocurrir de lo que imaginamos.

No es de esta forma que se logrará recuperar la confianza de una sociedad impactada por los actos de corrupción detectados en Rancagua y que recién comienzan a ser conocidos. Hechos como el que se comenta, muestran que el pequeño orificio en la represa comienza lenta pero inexorablemente a agrandarse, insinuando que el escándalo de la esa Corte de Apelaciones en ningún caso será el último. Como dijo Mosciatti, todo indica que sólo se trata de la punta del iceberg.

El problema es que por la vía institucional es casi imposible que se profundice una investigación que pone en riesgo a potentes grupos de poder. Para que ello ocurra es necesario ꟷuna vez másꟷ que la prensa investigue y exponga crudamente los hechos ante la opinión pública, obligando a los responsables a enfrentarlos.

Así ha ocurrido en la mayor parte de los casos y así debiera ocurrir, en especial cuando un poderoso grupo periodístico, como COPESA S.A., recibe este presente de Semana Santa, en que se viola toda lógica esperable y se deja en evidencia la maraña de influencias y manejos,  provenientes del sector de siempre: una izquierda mañosa que – después de más de cuarenta años – no acepta que su derrota fue causada por sus propios errores y no por un grupo de jóvenes militares que solo cumplieron las órdenes que dictaron sus superiores, originadas éstas en la angustiosa demanda de un pueblo agobiado por el abuso revolucionario, tal como hoy ocurre con la nación hermana de Venezuela.

La prensa tiene la palabra y los chilenos los oídos para escuchar lo que tenga que decir. Las autoridades pueden esperar tranquilas, porque los hechos no quedarán en limbo en que se acostumbraba, cuando no había redes sociales.

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Carlos Cren
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