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Quienes Somos

La “ONG Cruzada por la Reconciliación Nacional” es un movimiento de ámbito de actuación nacional, sin fines de lucro, constituido, en principio, para lograr la reconciliación nacional, la igualdad, solidaridad, paz y tranquilidad, sin exclusión, dejando atrás las divisiones de izquierdas y derechas, para buscar el Desarrollo nacional en armonía entre todos los chilenos, sin odios o venganzas y aprovechando lo mejor de los gobiernos de los últimos 44 años, propendiendo al crecimiento armónico y desarrollo nacional con la búsqueda del bien común y oportunidades para todos los habitantes de nuestro territorio nacional.

OBJETIVOS:

l.- Sensibilizar a la población en el sentido de que la única forma de alcanzar el desarrollo es logrando la unidad de todos los chilenos, para lo cual entre otras cosas, es necesario e indispensable aplicar la justicia sin discriminaciones, respetando el Estado de Derecho en forma igualitaria para todos los ciudadanos.

2.- Generar principios de igualdad social ante la justicia, eliminando todo trato discriminatorio de la judicatura, respetando los principios del debido proceso, aplicación de las leyes de acuerdo a la idea del legislador y no a la interpretación sesgada por una orientación política.

3.- Apoyar  a los militares, carabineros, policías, gendarmes y civiles que participaron en el Gobierno Militar, afectados por procesos conocidos como de DD.HH. y a su entorno familiar, en lo moral y anímico.

4.-  Mostrar que los DD.HH. de los militares procesados y condenados no están siendo respetados y que existe una gran desigualdad en la aplicación de justicia, respecto a los verdaderos responsables de que se produjera el quiebre en Chile el año 1973 (políticos, subversivos, guerrilleros y extremistas). Y en lo humanitario, que los adultos mayores y enfermos mientras no exista una solución definitiva, cumplan penas alternativas (en sus domicilios), tal como lo establecen los acuerdos firmados con la ONU y la OEA.

5.- Como objetivo final y simultáneamente con lo anterior, conscientes que la solución de la reconciliación nacional es política, la ONG CREN canalizará su actividad para influir en ese ámbito promoviendo sus ideas y convicciones, para que la Justicia sea justa y no sea venganza.

 

RELATO DE LA ONG CRUZADA POR LA RECONCILIACION NACIONAL (CREN )

ASPECTOS GENERALES

La cruzada por la reconciliación nacional (CREN), nace hace más de diez años y es un movimiento de acción nacional, sin fines de lucro, cuyo propósito central es cooperara a la reconciliación nacional entre civiles y militares, dejando atrás divisiones ideológicas que generaron la crisis de institucionalidad de la década de los 70. La búsqueda de este ansiado fin busca además que el imperio de la ley en los procesos judiciales sobre Derechos Humanos se aplique en su espíritu y sentido estricto y por cierto  sin interferencias o presiones de ninguna naturaleza. El año 2016 obtiene su personalidad jurídica, transformándose en una organización no gubernamental y pasa a denominarse ONGCREN.

Nuestra agrupación está inserta y coordinada con la Multigremial (MG) y la Unión de Cursos Militares (UCMIL), las cuales cuentan con sobre 100.000 afiliados y un centenar de organismos ya son estatutariamente parte de la última de las nombradas

 

Nuestra agrupación es respetuosa del dolor de las familias de los ciudadanos civiles fallecidos en ese lamentable período de la historia de nuestro país, como lo es también con el dolor de las familias de los más de cuatrocientos (400) camaradas que fallecieron en esos aciagos días.

Parte de nuestros objetivos específicos son  brindar apoyo humanitario a los camaradas privados de libertad y sus familias y  en forma prioritaria, generar y propiciar las instancias necesarias dentro del Estado de Derecho, para que los prisioneros militares y aquellos que se encuentran en proceso o próximos a ser procesados, se les garantice un tratamiento igualitario, no discriminatorio y apegado a las normas constitucionales y legales que nos rigen. En síntesis, un debido proceso, enmarcado en un verdadero Estado de Derecho.

No tenemos identificación o ambición política alguna, no perseguimos objetivos partidistas, ni somos representantes del Ejército de Chile.  Pero si creemos que el Estado de Derecho es una de las Instituciones básicas que deben ser respetadas

Resumir en pocas palabras las vivencias de una época, desde la perspectiva de quienes éramos en ese entonces, jóvenes Soldados de las FF.AA. y de Orden, constituye un desafío mayor, en especial si el período señalado coincide con una de las mayores crisis de nuestra historia reciente. Crisis que  hoy se nos acusa de ser los únicos  responsables de haberla provocado; ello ha significado    el encarcelamiento progresivo de un gran número de camaradas de armas producto de   procesos judiciales mayormente parciales y definidos en un sistema judicial arcaico, lo cual en la práctica ha llevado a la eternización del odio que una vez dividió mayoritariamente a los   chilenos y que lamentablemente aún perdura anidado y exaltado  en algunos sectores de la sociedad

Es necesario tener presente  uno de los pilares que sostienen el Estado de Derecho: el sistema de Justicia; sobre este  observamos con impotencia como  desde 1991 algunas estructuras y segmentos de los  órganos encargados de su administración, actúan de manera absolutamente discriminatoria, aplicando leyes, tratados y principios jurídicos a su libre interpretación y antojo, cuando de juzgar a los militares se trata.

Ante esta realidad creemos que es  licito que nos preguntemos  cómo es posible que ello ocurra a vista y paciencia de quienes deben velar por la mantención del Estado de Derecho y, frente a una sociedad que en gran parte se limita a observar a la distancia, con una indiferencia difícil de comprender permitiendo entre otras cosas  la coexistencia de dos tipos de justicia, una de tipo excluyente y persecutoria para los militares y otra permisiva y garantista para el resto de la sociedad.

Sabemos que los abusos históricos no pueden ser eternos y por ello levantamos nuestra voz para denunciar esta sistemática y dolorosa   injusticia que sufren nuestros camaradas, apelamos a la cordura y consecuencia a lo menos  de alguna parte de  esta sociedad, para que de alguna forma se ponga  “freno al desenfreno” de una venganza irracional, cuyo resultado podría   originar  un nuevo ciclo de odio y venganza que no deseamos para las nuevas generaciones

Aún tenemos confianza  en la capacidad  y  sensibilidad de quienes forman parte de las elites de este país para mirar con alguna esperanza  el futuro, aspiramos que TODA la verdad de aquellos aciagos días sea por fin contextualizada  y que los verdaderos responsables de la tragedia asuman  su responsabilidad y no prevalezcan  párrafos o frases vacías que no dan cuenta de ese país de odios que entre muchos construyeron. Cuando eso suceda, estamos convencidos que  la persecución irracional a los militares en retiro,  tenderá a lo menos hacia  un giro a LA VERDAD COMPLETA

RECORDANDO LA HISTORIA PARA COMPRENDER EL PROBLEMA

 

La profunda crisis que devino en el quiebre de la Institucionalidad del país y la instauración del Gobierno Militar, pertenece a la historia reciente y todavía no existe consenso nacional sobre los lamentables hechos que la gatillaron, sin embargo, hay antecedentes concretos y documentados, que nos permites objetivamente, analizar lo ocurrido, para no repetir la historia.

Solo para mayor información y sustento de este relato a continuación se explicitara una síntesis histórica de aquel periodo trágico de Chile:

-Las FF. AA. Y de Orden, no intervinieron el año 1973, por decisión propia, la Corte Suprema de Justicia, por la unanimidad de sus miembros, denunció ante el país el hecho de que por primera vez en la historia de Chile los Tribunales no eran respetados, se atropellaban las leyes y sus sentencias no se cumplían. La Contraloría General de la República  rechazó innumerables resoluciones del gobierno por estimarlas ilegales.

-El Parlamento continuamente reclamó durante tres años la violación de las leyes y el atropello al Derecho, sin ser oído. Esto culminó cuando, aprobadas dos reformas constitucionales, el Presidente de la República se negó a promulgarlas. Así  recurrió  al Tribunal Constitucional, el cual dio la razón al Congreso. Posteriormente  pretendió  promulgarlas  de manera parcial  lo que fue  rechazado por  la Contraloría General de la República. Por último, se negó   a respetar la decisión del Congreso Nacional. Esto llevó a la Cámara de Diputados a aprobar un acuerdo destinado a señalar al país que se estaban atropellando abiertamente la Constitución y las leyes y a  mostrar una lista abrumadora de casos concretos de cómo así ocurría.

-Está empíricamente comprobado que los odios en la sociedad chilena fueron extremos y que ello generó el nacimiento y posterior fortalecimiento de estructuras para militares que pregonaron y utilizaron la violencia armada.

-De los escritos existentes se ha seleccionado el testimonio escrito del ex Presidente de la Republica Don Eduardo Frei Montalva ya que esta figura es respetada transversalmente en el país, al margen de otorgar mayor objetividad a lo planteado:

.La Carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor expresaba,  “Convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda revolucionaria de América. Llegaron elementos tupamaros del Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países, como hay numerosos casos, por delitos graves inexcarcelables. La Embajada de Cuba se transformó en un verdadero ministerio, con un personal tan numeroso que era superior, la sola Embajada de Cuba en Chile, a todo el personal que tenía nuestro país en el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 1970. Esto da la medida. Además de ellos, nos vimos invadidos por norcoreanos y otros representantes del mundo socialista”.

.“Después del pronunciamiento del 11 de septiembre estas denuncias de la Democracia Cristiana han quedado plenamente confirmadas. Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos y eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta. Estas armas son todas de procedencia checa o rusa, armas que jamás ha tenido el Ejército chileno. Por lo demás nadie ignora o descarta en Chile la existencia de estas armas.

.Se trata de armas de todo tipo, no sólo automáticas, sino que pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, morteros, cañones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logístico de comunicaciones, de telefonía, clínicas médicas, etc., para poder concretar esta acción. Se había establecido así un verdadero ejército paralelo.”

.El Partido Socialista y el Partido Comunista, continua Frei “crearon organizaciones armadas. Los Socialistas la llamaron “Elmo Catalán” y los comunistas constituyeron la tristemente célebre brigada “Ramona Parra”. Se constituyeron, asimismo, los llamados “cordones industriales”, que rodeaban las ciudades en forma estratégica; y como consecuencia de la escasez, se organizó el racionamiento sobre la base de organismos políticos que empadronaron a los habitantes para ejercer el control sobre la vida de la población”.

.“Como consecuencia de todo esto murieron cerca de cien personas y hubo innumerables heridos. Así murió el ex Vicepresidente de la República y uno de los fundadores del PDC, don Edmundo Pérez Zujovic, vilmente asesinado al salir de su casa por los miembros de una organización extremista. Los tres asesinos habían sido detenidos al final del gobierno de la Democracia Cristiana por haber perpetrado asaltos a mano armada y condenados por los Tribunales de Justicia a varios años de prisión”.

.“El primer acto del gobierno de la Unidad Popular fue dejar en libertad a estos detenidos por actos ilegales y entre ellos los tres que causaron la muerte de ese dirigente democratacristiano. Al indultarlos, el Presidente Allende justificó su acto llamándolos “jóvenes idealistas”. Fin de la cita.

.Como se aprecia, el Ex Presidente Eduardo Frei M. en su carta, refleja claramente la realidad que le tocó enfrentar al personal de las FF.AA. a partir de 11 de septiembre de 1973., no eran grupos desarmados y desorganizados. Esta es una verdad histórica, que creemos es necesario poner en su justo lugar, para entender que no todas las muertes ocurridas durante este proceso ocurrieron frente a  personas desarmadas y que aquellos funcionarios de las FF.AA. y de Orden, no  se asociaban ilícitamente para matar, como se ha instalado en el imaginario colectivo en Chile, y lo que es peor, en el pensamiento de los jueces que llevan los procesos de DD.HH.

.Luego señala el ex presidente Frei: “Pero lo ocurrido después del 11 de septiembre es algo inverosímil para los chilenos. Fueron miles los que escucharon decir a la Radio de Moscú que habían muerto 700 mil personas, en dos días. Otros hablaban de 30.000 y que corrían ríos de sangre en Santiago. Para nosotros una sola vida humana no tiene precio. No decimos esto por disminuir la tragedia a que el país fue llevado, pero según nuestras informaciones, los muertos no llegarían a dos mil, lo que es bien diferente a tan burdas mentiras”. Luego continua “Entre los miles de falsedades que se propalaron: Murieron 35 parlamentarios. Falso. Ninguno. Fue asesinado Neruda. Falso y ridículo. Todos los órganos de publicidad le rindieron homenaje como a nadie en muchos años y en el edificio del Congreso Nacional la bandera se izó a media asta en señal de duelo. No ha faltado un programa de televisión en Europa que presentó como señales de bombardeo vistas del anterior terremoto. Las Fuerzas Armadas – estamos convencidos – no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida”.

-Como es evidente y no es una “fantasía” construida por los militares en retiro, la convivencia nacional se había deteriorado profundamente. No fueron ellos los actores que provocaron ese quiebre, fueron los todavía silentes  actores políticos de la época quienes no solo no lograron alcanzar la necesaria paz social para lograr  una racional salida política a la profunda crisis, más grave aún muchos hicieron lo contrario, avivaron el fuego del enfrentamiento fratricida  de los connacionales. Esta realidad recién ha sido ampliamente ratificada en un libro testimonial que dejó el ex Presidente de la Republica Patricio Aylwin A (QEPD)  y que recoge las  memorias de su larga vida política

-Iniciado el Gobierno Militar muchos oficiales, suboficiales y soldados conscriptos, en cumplimiento de su deber militar, debieron cumplir misiones asociadas a la seguridad interior del país en circunstancias que no contaban con mayor capacitación para ello. Estos jóvenes recibieron diversas órdenes en un contexto de caos y de alta convulsión respecto del actuar de grupos armados con formación militar.

-Al respecto existen algunas aproximaciones de actores del quehacer político y académico, que, en sus respectivos momentos, intentaron dejar expresados ciertos lineamientos que nuestra organización  comparte: (Seminario “Ejército y Derechos Humanos; un compromiso para el siglo XXI, Escuela Militar, 07 diciembre 2004):

  • Que los derechos humanos no estaban debidamente aquilatados por muchas generaciones de chilenos, no obstante, fueron actores de hechos y acontecimientos relevantes en la crisis política acaecidos en la década de los años sesenta y principios de los setenta.
  • Ninguna fuerza política había internalizado profundamente los valores de los DD.HH. ni estaban en los currículos de nuestras principales instituciones educativas. No formaban parte de nuestro acervo cultural.
  • Lo anterior propició una sobre-ideologización, la polarización extrema de los chilenos, la pérdida de la convivencia cívica, visiones totalizantes y la degradación de la vida política, todo lo cual posibilitó la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden el 11 de Septiembre de 1973, con todos sus efectos y consecuencias posteriores, especialmente en las fuerzas en disputa o antagónicas, donde unos lucharon para reestablecer el orden y la seguridad quebrantadas y otros intentando mantener el estado de lucha armada, el terrorismo y la subversión.

-Al contexto descrito hay que agregar la existencia de Bandos y disposiciones legales y administrativas que disponían la detención a todo evento de innumerables ciudadanos, que subvertían el orden establecido y otras que prohibían o restringían el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Estas eran órdenes de autoridades -militares y políticas- de la época, que estaban autorizadas legalmente para disponer operativos o acciones para hacer cumplir la ley vigente a la fecha. Es necesario recordar que Incluso alguno de estos disponía el ajusticiamiento de  aquellas personas  que no cumplieran y respetaran las disposiciones dadas  Ninguna orden era al arbitrio del Oficial o Suboficial a cargo de una determinada unidad.

-Ningún militar actuó por cuenta propia y  cada acto cometido en cualquiera de los períodos y tipos de acciones descritas fue realizado en cumplimiento de una Misión Militar, lo que en nuestro ordenamiento significa que ésta fue debidamente ordenada por un Mando Superior, sin olvidar por cierto el radical contexto de “enemigo-enemigo” que imperaba en ese periodo de caos y guerra hoy casi totalmente olvidado

-En este complejo escenario de conflicto armado, se cometieron actos de violaciones de DD.HH., por ambas facciones, que es cierto no son aceptables desde una óptica jurídica e incluso alguna de ellas desde una visión ética-moral.  Pero,  junto con   lamentarlas debieran ser observadas por la sociedad con una mirada holística e   histórica rigurosa y en cuanto a las normas   legales, lo natural sería que los tribunales recogieran el espíritu de las normas que para entonces regían en el país. En este punto es necesario  reconocer, que como en todo acto humano, y especialmente en una situación límite y polarizada y además  agudizada al inicio del periodo del gobierno militar  por la proclamación de estado de excepción constitucional por parte del ejecutivo de ese momento,   algunos en un cuestionable exceso de celo  excedieron sus atribuciones y provocaron injustificadas   violaciones a los  DD.HH.

-Estamos convencidos que a pesar de toda la carga emocional negativa que existe de este infausto periodo de la historia y en especial del actuar de las FFAA y de Carabineros y Policía de Investigaciones  hay mucho de injusticia cuando se califica a los oficiales, suboficiales y soldados que actuaron en esas circunstancias y se les señala y sindica con diversos calificativos negativos   . Al respecto es necesario recordar que  ellos actuaron en una estructura militar normalmente contra otras estructuras atomizadas que aunque se siga negando tenían capacidad militar (entrenados en escuelas de guerrilla tanto en Chile como en el exterior y gran cantidad de armas y explosivos). Es cierto que hubo víctimas  inocentes  que no formaban parte de estructura alguna, pero, ¿en qué  conflicto de esta naturaleza no sucede lo mismo?. Se dirá que esta es una nueva  justificación pero lo cierto es   que este personal militar se vio arrastrado a una guerra irregular que  nunca buscó ni menos propició.

SITUACIÓN A LA FECHA

Desde el regreso de la democracia en Chile, hemos sido testigos y víctimas de una persecución denodada, en la que se nos culpa de todo tipo de conductas delictivas  y se nos hace responsable de un conflicto que – como dijeran los ex presidentes  Frei y Aylwin – no fue causado por las FFAA y de Orden

De los dos bandos enfrentados en el conflicto, sólo el personal de la FF.AA. y de Orden, ha sido señalado como integrantes de asociaciones ilícitas para violar los DD.HH. en Chile, y como tales, han estado y están bajo un ataque permanente de quienes incluso fueron parte activa y responsable  de lo sucedido en Chile.

Actualmente sólo a uno de estos bandos, – FF.AA. y Fuerzas de Orden- se les condena  con una mirada histórica pero con argumentos que emanan desde el presente,  desconociendo el contexto histórico de cuando y como  ocurrieron los hechos. Además se les sanciona con la aplicación de leyes promulgadas con posterioridad  a los sucesos, muchos procesos judiciales con el beneplácito de muchos y la indiferencia de otros,  se sustentan en ficciones jurídicas que solo permiten condenas a ex militares, sin un debido proceso. De hecho con la aplicación incontrarrestable  del Tratado de Roma ratificado por Chile solo el año 2009, se aplica el principio de imprescriptibilidad poniendo en la misma categoría hechos de muy distinta envergadura

Hay una sistemática  utilización de figuras jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico que nos rige , como es el caso del “secuestro permanente” que ha sido reconocido públicamente como una “ficción jurídica” por un juez que la utilizó  en su oportunidad ,  como una forma según su particular explicación de  “ aplicar mayor castigo” a los uniformados ,  como también  la masiva utilización de la figura de la “asociación ilícita “ desconociendo que todo militar, por normas legales, SIEMPRE es destinado a una Unidad o Repartición mediante decreto o resolución administrativa de carácter público y  que siempre su actuar estará condicionado a la verticalidad del mando y de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

Por el contrario, respecto de los integrantes de las estructuras “paramilitares” que actuaron contra ciudadanos y personal uniformado, siempre fuera de la ley, no se les aplicó la misma rigurosidad procesal y muchos no cumplieron sus condenas, ya que fueron beneficiados con amnistías, conmutaciones de pena u otros beneficios, al considerarlos víctimas de las situaciones producidas.

Los únicos subversivos –nombre que se da a los que subvierten el orden establecido- que se encuentran cumpliendo algún tipo de condena, son aquellos que se escindieron después de los 90 de estas agrupaciones y se insertaron en organizaciones asociadas al crimen organizado, donde continúan realizando actividades delictivas.

Por su parte, la mayoría de los oficiales y suboficiales que cumplieron órdenes dadas por superiores jerárquicos –sin calificar si fueron adecuadamente dadas –son objeto de una sistemática persecución político-comunicacional y judicial, por cumplir esas órdenes, e incluso, muchos por el solo hecho de haber estado presentes o destinados en una Unidad, sin participar, en los lugares donde se habrían cometidos los ilícitos que se investigan. Observando los últimos sometimientos a procesos que se han conocido todo parece indicar que ahora se busca “Enjuiciar “a todo el personal militar de 1973″, en una dinámica que no  encuentra obstáculos para seguir avanzando en su despropósito

Muchos se encuentran cumpliendo condenas y otros cientos están en etapa procesal, habiendo sido la mayoría sometidos a largo –casi eternos- procesos, donde al margen de la natural incertidumbre y el desgaste psicológico que ello conlleva transformándose en verdaderas torturas sicológicas, las familias se han empobrecido por los altos costos asociados a las defensorías y la negación sistemática de fuentes laborales para el “eventual” responsable.

Muchos de ellos, afectados emocionalmente y para no continuar perjudicando a sus familias y expresar su rechazo a la vil  persecución y la injusticia manifiesta han trágicamente resuelto quitarse la vida.

Existe evidencia empírica que demuestra que  en muchos casos los afectados no han tenido las mínimas condiciones de un debido proceso, ya que los jueces en ocasiones han adoptado resoluciones donde por ejemplo el valor de prueba ha tenido estándares de tan bajo nivel, que no hay duda hoy día serían rechazadas en cualquier causa que se desarrolle en el contexto del actual sistema procesal penal. Los ex uniformados son “LOS UNICOS” en este país que son procesados y condenados bajo un sistema procesal obsoleto, anacrónico y donde el juez “lo es todo”, no hay contraparte y el desequilibrio y desamparo de los afectados es absoluto.

El personal militar condenado (mayoritario), en todos sus largos procesos no ha quebrantado el orden legal, no se han visto involucrados en conductas o hechos delictivos, lo cual demuestra que su actuar fue excepcional y que este se dio en un complejo contexto que no propició ni menos buscó. Sin embargo, los jueces deniegan reiteradamente la libertad condicional por constituir estos  un riesgo para la sociedad, lo que demuestra a lo menos  una manifiesta falta de objetividad para con los condenados militares.

El promedio de edad de los internos  alcanza los 76 años, lo cual indica que muchos de ellos superan los 80 e incluso algunos de ellos los 90. Muchos están aquejados de severas enfermedades, algunos han desarrollado patologías terminales y han fallecido en deplorables condiciones, mientras todo indica que otros seguirán el mismo camino. Hay un desprecio de los valores fundamentales y la dignidad de estos condenados, lo que es inaceptable de acuerdo a numerosas leyes internacionales.

Por otra parte, se ha cuestionado incluso el penal de Punta de Peuco, que algunos sectores interesados califican como “de privilegio “, pero la realidad indica otra cosa ya que por ejemplo   no cuenta siquiera con infraestructura para atención medica coherente con esta realidad etaria, lo que pone en serio riesgo la vida de los condenados. Si bien es cierto es un lugar que se mantiene en buenas condiciones de convivencia, orden y aseos, es justamente porque los militares por su formación lo hacen y mantienen así.

Como corolario de esta gran injusticia que vive el personal militar, a los  condenados  sistemática y mayoritariamente se les ha negado beneficios intrapenitenciarios a pesar que los que los han solicitado cumplen “todos los requisitos”. Además, hay evidencias de deshumanidad en la aplicación de ciertos criterios emanados de la autoridad administrativa, ya que en ocasiones se ha negado la autorización para participar –brevemente-  por ejemplo en los funerales de la familia directa de los afectados; esta acción incalificable es claramente discriminatoria respecto de lo que ocurre en otros penales. El principio de que las penas preventivas de libertad deben estar orientados hacia la readecuación y reinserción social, definitivamente no aplica cuando de militares se trata.

La Convención Americana sobre DD.HH. Art. 5 (2) señala “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En el documento “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”. El acápite “Principio I. Trato Humano”. Dice: “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la OEA será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.” Esto artículos, que se encuentra, en el “Manual de Gendarmería de Chile”, no se aplican para los presos militares.

REFLEXIONES FINALES

Algunos sectores al margen de las decisiones judiciales continúan utilizando la temática de los DDHH  para desarrollar mayores  niveles de persecución  contra todo militar especialmente en condición de   retiro. Muchas expresiones públicas sistemáticamente  van mucho más allá de la crítica política y se dirigen directamente a denostar y someter a escarnio público a uniformados.

En esta perspectiva es evidente como algunos Medios de Comunicación Social  rescatan el tema cada vez que pueden y sin mayor profundización y en un actuar anti-ético y por cierto irresponsable sentencian y condenan públicamente al personal militar que ellos estiman tienen vinculación con lo investigado. Como efecto asociado es válido preguntarse cuanto de ello influencia a los jueces que sustancian los procesos. Es común encontrar en los voluminosos procesos artículos de prensa sesgados e incluso libros publicados por personas cuya ideología es reconocida como anti-militares.

Queremos llamar la atención sobre el fenómeno que se está dando hace muchos años en los tribunales superiores de justicia, en términos que las apelaciones de los uniformados en retiro tanto en las Cortes de Apelaciones como la excelentísima Corte Suprema, normalmente significan el AUMENTO de los años de condena, a diferencia de lo que ocurre en el otro sistema procesal vigente en Chile.

Estamos conscientes que en los últimos años en el país la visión que sostiene que muchos camaradas en ese periodo de la historia, actuaron en forma unilateral ante ciudadanos inocentes, que solo disentían del gobierno militar, es una percepción transversal instalada en la sociedad.  Ante esta realidad  nosotros junto con lamentar y  disentir de ella, nos hemos comprometido   a redoblar nuestros esfuerzos para revertir tan injusta como sesgada óptica, ya que muchos que empuñaron las armas antes y después del 11 de septiembre, han guardado por décadas un cobarde silencio, que si bien ha logrado sus mezquinos y rentables  objetivos demuestra una ceguera ideologizada de parte de quienes se han servido de ella. El sesgo ha llegado a niveles tan  extremos que como dice el historiador Joaquín Fernandois se intenta homologar la situación  vivida en Chile con el Holocausto. La pregunta de por que esta comparación  no se ha aplicado a ningún sistema marxista, con la sola excepción de la cúpula dirigente en Camboya “tiene por cierto  alta pertinencia pero ausencia de respuesta”.

Lo que solicitamos, no es solo que opere bien la justicia, sino que opere la humanidad para los detenidos que sufren graves enfermedades y que el sistema de beneficios carcelarios sea adecuado y justamente  aplicado. Que se tenga presente la  dignidad como persona humana, especialmente de aquellos que están desahuciados por la ciencia médica o que han perdido sus capacidades para valerse por sí mismo.

Tenemos la esperanza  que esta materia algún día   será   analizada sin ideologías ni pasiones  y  desde una óptica de Estado, no tan sólo por la amplitud y diversidad de los actores involucrados, sino también porque definitivamente va más allá de la política contingente ya que todo parece indicar que  algunas construcciones falaces  han traspasado y seguirán  traspasando y afectando a muchas generaciones de compatriotas ,  lo cual está  acrecentando en muchos sectores influenciables de la sociedad  los niveles de odiosidad hacia el mundo castrense

Con el debido y profundo respeto por los familiares de las víctimas, los responsables o pseudo-responsables  independiente de  sus niveles de participación y responsabilidades ¾determinados en largos y complejos procesos judiciales donde algunos dictámenes no sopesaron debidamente pruebas concretas de culpabilidad¾  necesitan después de cuatro décadas tener la posibilidad de defenderse en un  sistema que de efectivas garantías a todas las partes.

Estos seres humanos arrastrados a un drama ajeno a sus  deseos necesitan alcanzar algún nivel de paz que reconforte  sus   espíritus, especialmente cuando se encuentran en el ocaso de sus vidas, la mayoría  enfermos, y ancianos. Ello naturalmente, lleva implícito principios elementales de caridad y desde luego humanitarios de parte importante de la sociedad ; decimos solo parte  porque estamos ciertos que algunos sectores irreductibles del odio y la venganza valiéndose del justo dolor de las familias de las víctimas,  no cejaran en su persecución sesgada y motivada en muchos casos por una sobre ideologización manifiesta o bien por motivos económicos.

Sabemos que hoy estamos prácticamente solos y que muchos actores de la sociedad siguen mirando con infinita distancia el tema y que otros arrastrados por el odio extremo no darán crédito alguno a nuestra visión y argumentos, es más,  incrementarán su discurso apocalíptico sobre ese fragmento de la historia reciente y sobre el rol de las FFAA e Instituciones policiales en ella. No  obstante esta compleja realidad la CREN junto a otras organizaciones afines, seguirá perseverando para que la historia de esa época incorpore todas las realidades, responsabilidades y consecuencias que allí se entrecruzaron.

Confiamos en que algún día llegará la verdadera justicia para quienes expusieron sus vidas en un período crítico de nuestra historia, fieles a su juramento, por hacer de su patria una gran nación.